REVISTA DIGITAL DE PROMOCIÓN CULTURAL                     Director: René Avilés Fabila
09 | 04 | 2020
   

De nuestra portada

¿Quién es más pirata?


Jorge Bravo

Se le dice pirata a quien vende productos falsificados de la industria cultural (discos, videos, libros, software). El Diccionario de la lengua española define una edición pirata como “la llevada a cabo por quien no tiene derecho a hacerla”.

El mismo diccionario define una radio pirata como aquella “emisora de radiodifusión que funciona sin licencia legal”.
Con esta denominación califican los industriales de la radio y la televisión a las emisoras comunitarias, las cuales atienden demandas específicas y locales de comunicación, haciendo valer un derecho fundamental, además de que no tienen fines de lucro y propician la participación de la comunidad donde operan.

Recientemente, la CIRT, aplicando la estrategia del montonero (950 recursos de impugnación ante el Tribunal Electoral y el respaldo de la Asociación Internacional de Radiodifusión, fundada en 1946 por Emilio Azcárraga Vidaurreta), desató una campaña en contra de las modificaciones al Reglamento de Acceso a Radio y Televisión en Materia Electoral del IFE.

Aprovechó la oportunidad para dirigir sus baterías desinformativas y descalificar a las radios comunitarias, tachándolas de ilegales. Las quince emisoras comunitarias a las que se refirió la CIRT tienen permiso de la autoridad y, por lo tanto, de acuerdo con una resolución reciente del Consejo General del IFE (impulsada por el consejero Marco Antonio Baños), son legales, fueron reconocidas y tendrán obligaciones excepcionales para cumplir con el pautado de spots de la autoridad electoral y los partidos, según establece la Constitución.

En suma, se le dice pirata a quien no cumple la ley, la transgrede o la viola, es decir, el que está fuera de la legalidad. También con esta clasificación podría incluirse a los concesionarios de la televisión, Televisa y TV Azteca que, no obstante tener licencia, infringen la legislación permanentemente.

La CIRT y los legisladores afines a la industria, como el senador Javier Orozco Gómez (PVEM), siempre han cuestionado la legalidad de las emisoras comunitarias. Convenientemente, no reparan en que las radiodifusoras agremiadas a la CIRT tienen cuantiosos y sistemáticos incumplimientos a la ley.

En el listado de acciones legales de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC) de la Secretaría de Gobernación, se enumeran diversos procedimientos administrativos y sanciones que van desde amonestación con apercibimiento, extrañamientos y observaciones hasta multas.

En agosto de 2009 Gabriel Sosa Plata y Karina Judith Godines sistematizaron los procedimientos de la RTC en contra de radiodifusores y televisoras y advirtieron que “no es fácil sancionar por contenidos en medios electrónicos. Cada vez que RTC comienza un procedimiento, las empresas recurren hasta las últimas instancias para evitar una sanción. Las multas, por si fuera poco, son irrisorias y no afectan, hasta donde se sabe, el expediente de alguna concesionaria o permisionaria, porque si fuera el caso, simplemente Televisa no habría obtenido los refrendos de sus concesiones de televisión, o bien, se le hubieran puesto trabas para participar en otras licitaciones por sus frecuentes violaciones a la ley”.
Las irregularidades en la transmisión de los programas de los partidos políticos no es reciente ni resultado de la reforma electoral de 2007 que modificó el modelo de comunicación política, sino que se pueden documentar desde 2002, cuando RTC comenzó a hacer público su listado de acciones legales. Así, por ejemplo, desde 2003 TV Azteca, Radio Iguala, la entonces Stereorey, Radio Progreso y muchas otras radiodifusoras recibieron amonestación con apercibimiento por el incumplimiento de esa obligación. Incluso la radiodifusora XESFT fue multada con 3 mil 372 pesos.

Durante 2003 abundaron los procedimientos administrativos por este mismo motivo, por igual para emisoras de radio y canales de televisión. En 2004 también fueron comunes las irregularidades en la transmisión de los tiempos de Estado, destacándose en este incumplimiento docenas de radiodifusoras privadas y públicas.

En 2002 Televimex y Radio Promotora Leonesa fueron multadas con 21 mil 75 pesos por hacer apología a la violencia, el crimen y los vicios; fue el mismo caso de Radio Uno FM, que se hizo merecedora a una sanción por 42 mil 150 pesos.

También en 2002 dos de los conductores de TV Azteca, Patricia Chapoy y Daniel Bisogno, fueron multados cada uno con 21 mil 75 pesos por corrupción del lenguaje. Por el mismo motivo Emisoras Incorporadas de Monterrey recibió una sanción por 337 mil 200 pesos. En 2004, nuevamente, Radio Uno FM fue multada cinco veces por un total de 122 mil 220 pesos.

Ese mismo año Televimex fue sancionada por corrupción del lenguaje, influencias nocivas y perturbadoras al desarrollo armónico de la niñez y omisión del anuncio por tratarse de un programa impropio para la niñez, así como de rebasar los límites de la moral. Cuarenta expedientes abiertos contra la filial de Televisa dieron como resultado una multa por un millón 102 mil 951 pesos. Por el mismo concepto y siete expedientes acumulados en 2004, TV Azteca fue multada con 221 mil 676 pesos. Esta práctica se repite los años sucesivos por parte de las televisoras, por lo que de poco sirven las sanciones impuestas.

Durante 2006 y 2007 diversas radiodifusoras, así como TV Azteca, incurrieron en faltas relacionadas con la transmisión de programas esotéricos y publicidad engañosa. Pero veamos infracciones más recientes.

En 2010, a Televimex RTC le abrió ocho expedientes por irregularidades en la transmisión de concursos. En total, la operadora de Televisa fue multada por un monto de 764 mil 502 pesos. Por la misma anomalía, TV Azteca se hizo merecedora a 14 expedientes de incumplimientos y una sanción por 575 mil 302 pesos. También por el tema de los concursos han sido multadas emisoras como la Cadena Radiodifusora Mexicana, Estéreo Mundo, Radio XEDK, Grupo Nueva Radio, entre otras. Se reportan sanciones por este motivo desde 2006, por lo que no se trata de un caso aislado sino recurrente, siendo 2008 el que mayor incidencia generó.

Durante 2010 y lo que va de 2011 RTC ha emitido cientos de extrañamientos y observaciones a emisoras y televisoras por infracciones como publicidad engañosa, irregularidades en la transmisión de tiempos fiscales y del Estado, de la Hora Nacional y el Himno Nacional, apología de la violencia, corrupción del lenguaje, transmisiones de culto religioso sin autorización, principalmente.

Queda claro que no todos los radiodifusores cometen infracciones, pero también es evidente –según el listado de acciones legales de RTC– que Televisa y TV Azteca, que tanto profesan la legalidad y poco la practican a la hora de estigmatizar a las radios comunitarias, incurren en sistemáticas violaciones a la ley. El mismo rigor que aplicó la autoridad para sentenciar a Héctor Camero, integrante de la radio comunitaria Tierra y Libertad (Nuevo León) en noviembre de 2010 por el delito de uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico sin autorización previa, podría emplearlo contra los radiodifusores que una y otra vez incurren en violaciones, como si tener licencia se los permitiera.

La pregunta es: ¿quién es más pirata?

beltmondi@yahoo.com.mx