REVISTA DIGITAL DE PROMOCIÓN CULTURAL                     Director: René Avilés Fabila
23 | 07 | 2019
   

Arca de Noé

Entre la consolidación democrática o los desvaríos autoritarios


Francisco J. Carmona Villagómez

     “Un sistema político aún con elecciones democráticas
     puede producir resultados profundamente injustos”.
     Juan Carlos Bayón

Las nuevas democracias para su consolidación requieren reformar sus relaciones económicas, lo que exige un papel decisivo de la sociedad y la actividad rectora del Estado, a fin de propiciar los equilibrios necesarios que hagan posible la convivencia social, a través de los instrumentos de política económica, en materia fiscal, salarial y de seguridad social, así como de inversión en capital humano, infraestructura y trabajo productivo, reduciendo las diferencias sociales y creando mínimos de bienestar que propicien la vigencia del Estado democrático, lo que Hanna Arendt expresa como el deber del Estado de garantizar las condiciones suficientes para que las personas tengan “el derecho a tener derechos”.
La democracia no puede consentir estadios de polarización social y de vulneración a los derechos fundamentales de las personas, a sus libertades civiles y políticas, tales como la libertad de expresión y el derecho a ser informados sobre la gestión pública de sus gobernantes; tampoco puede permitir que se aminoren los derechos económicos y sociales, o a las calidades de vida y seguridad de la población. Un régimen político en la que imperan los intereses de una minoría -los grandes negocios en beneficio de una plutocracia- aun siendo resultado de elecciones competitivas, no es un gobierno democrático. Por eso, se puede afirmar que en México no se ha logrado la calidad democrática que deseamos.
Sin embargo, para los países que sí están interesados en transitar por mejores expectativas para su población, también es importante tener éxito económico y que los bienes del desarrollo se socialicen; por eso, debe haber un piso social básico, en el que cada persona goce de mínimos de bienestar y se sienta representada por las instituciones; que pueda exigir a sus representantes que periódicamente les rindan cuentas conforme a Derecho, acerca de la correcta utilización de los recursos públicos.
Como se sostiene en el Informe sobre “Desarrollo Humano de 2002” del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, “la democracia no sólo es un método electoral, sino principalmente un medio necesario para el desarrollo y la tranquilidad social”1. En este sentido, la gobernabilidad democrática es un elemento central para conseguir este fin, porque, a través de la política y no sólo con finanzas públicas saludables, las tan publicitadas reformas estructurales y el equilibrio de las variantes macroeconómicas, es posible generar condiciones para mejorar la calidad de vida para las personas y, al mismo tiempo, garantizar la perdurabilidad de las instituciones, también se requiere una noción de equidad que sea el soporte del desarrollo, además de ética y responsabilidad pública de su clase gobernante.
Algunos estudiosos, entre ellos, Amartya Sen y Paul Kennedy 2, señalan que existe una fuerte tensión entre lo que sería la expansión de las garantías que son propias de las democracias constitucionales, frente a las rígidas leyes del mercado que tienden a restringir o encarecer las oportunidades; esto es, la pugna por resarcir mejores condiciones de vida que nos permitan superar la pobreza, frente a la lógica de propiciar una mayor concentración del ingreso para responder a las exigencias del mercado en un mundo competitivo, cuyo propósito es maximizar las ganancias y monopolizar el poder.
Frente a ello, podemos afirmar que la pobreza incide negativamente en las oportunidades de educación, empleo, satisfacción de las necesidades materiales y salud de la población, pero también en la capacidad para ejercer y hacer valer los derechos civiles y políticos 3. En países donde la brecha entre ricos y pobres es marcada, las tentaciones autoritarias persisten ante cualquier exigencia por reivindicaciones sociales o ante la simple expresión de malestar, lo que tarde o temprano divide a las sociedades. El actual gobierno de nuestro país ha optado por el endurecimiento autoritario antes que propiciar condiciones políticas y sociales que contengan esa brecha. Se gobierna sobre bases de polarización, no sobre esquemas de solidaridad.
La democracia requiere que las personas ejerzan sus derechos como condición mínima para la construcción de una noción de ciudadanía, lo cual implica el reconocimiento de todos los derechos y un concepto de ciudadanía que al reducir la desigualdad de los individuos, permite que puedan competir en el mercado. Es decir, para la democracia, el desarrollo social es un estadio que tiene en el régimen electoral un elemento fundamental, pero que no se reduce únicamente a las elecciones, ni a la alternancia en el gobierno, sino a que las ventajas del desarrollo sean equitativas para todos los ciudadanos, para que éstos puedan competir en mejores condiciones, pese al contexto de precariedad de oportunidades que caracteriza al mercado.
Hay razones para sostener que sólo si se disminuye la desigualdad, se mejora la posibilidad de ejercer a plenitud los derechos políticos. La perspectiva de mejores condiciones de vida para la población se vincula necesariamente con la fortaleza de la democracia, por eso, para el cumplimiento de los objetivos sociales, especialmente los relativos al desarrollo humano, no sólo se debe promover el funcionamiento de los mercados, se necesita la intervención del Estado y la sociedad para dar un impulso a la igualdad de oportunidades, para consolidar el ejercicio de las libertades democráticas.
Y precisamente, en torno a las libertades democráticas, es interesante resaltar que México ha caminado en sentido contrario a la lógica que debía imperar en un proceso de transición democrática. No hay compromiso democrático de sus élites políticas, se carece de un diseño integral de desarrollo, se han vuelto a montar estructuras autoritarias sobre las nacientes instituciones democráticas de los 90’s. Se ha justificado una simulación en beneficio de una economía de mercado con el talante de un capitalismo salvaje y sin escrúpulos. Se ha gobernado para el beneficio de unos cuantos, sin contrapesos y sin necesidad de rendir cuentas a nadie. Se ha optado por una gobernabilidad autoritaria, que por definición, es incapaz de propiciar desarrollo económico sólo facturas que serán pagadas en el corto plazo con inestabilidad y caos social.

NOTAS

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. La democracia en América Latina, PNUD, Buenos Aires Argentina, 2004, p. 29.
2 Kennedy, Paul. Preparing for The Twenty-first century, Random Hause, New York, 1993, p. 47.
3 “Un sistema político posee legitimidad, sí y sólo sí, respeta el principio esencial de la voluntad de todos sus miembros y procura superar y/o compensar las desigualdades esenciales”. Garzón Valdés, Ernesto. El concepto de estabilidad de los sistemas políticos; Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1987.