REVISTA DIGITAL DE PROMOCIÓN CULTURAL                     Director: René Avilés Fabila
20 | 07 | 2019
   

Arca de Noé

Consideraciones para la reparación del daño a las víctimas de la violencia


Francisco J. Carmona Villagómez

En el ámbito de la gobernabilidad se considera que implementar mecanismos que permitan a las víctimas lograr la reparación del daño es una medida de pacificación social, indispensable para garantizar, no sólo la convivencia en las comunidades, sino para reconocer la dignidad de las personas y la situación de solidaridad y justicia que debe prevalecer en las sociedades democráticas.
Por esa razón, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha desarrollado esta noción y la ha plasmado en diversos instrumentos jurídicos. De manera particular, el Sistema Interamericano la contempla como una obligación, específicamente en el párrafo primero del artículo 63 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual, México es parte desde 1981.
No obstante, por muchos años nuestra norma Constitucional no contemplaba de manera expresa un concepto parecido, quizás porque el régimen autoritario que prevaleció en el país no podía darse ese reconocimiento, porque implícitamente se pondría en cuestionamiento al régimen político.
Pero resultado de una serie de demandas y sentencias internacionales por vulneración de derechos humanos en México, fue que de manera incipiente en la reforma penal de 2008, y de manera definitiva con la reforma constitucional de 10 de junio de 2011, en materia de derechos humanos, se incorporara la obligación a cargo del Estado mexicano de reparar el daño causado en actos en los que exista un grado de responsabilidad por parte de funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno o por los excesos cometidos por integrantes de las fuerzas armadas y cuerpos de seguridad.
Entendemos por reparación, las acciones que asume el Estado a nombre de la sociedad al aceptar el daño producido, reafirmando la dignidad de las víctimas y su condición de ciudadanos plenos. Es decir, es el reconocimiento de la responsabilidad del Estado por las vulneraciones, así como el compromiso público de responder por el impacto que tienen éstas en la vida de las víctimas. De este modo, la reparación es una obligación del Estado y un derecho de los perjudicados.
Se entiende por víctima a toda persona que haya sufrido daños, individual o colectivamente, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan una violación manifiesta de los derechos humanos o una violación grave del derecho internacional humanitario. Una persona será considerada víctima con independencia de si el autor de la violación ha sido identificado, aprehendido, juzgado o condenado.
Los daños derivados de las graves violaciones de derechos humanos son diversos, y se manifiestan de diferentes formas: de manera individual, cuando la víctima lo sufre de manera directa y tiene un impacto en su familia; y colectivo, porque las consecuencias de esas violaciones afectan el contexto social.
La reparación tiene dos dimensiones: una procesal y una sustantiva. En la primera, los Estados tienen el deber de garantizar el debido proceso y el acceso a la justicia, mediante la cual toda demanda o reclamo debe ser atendido y decidido por las instancias estatales pertinentes, garantizando el acceso a recursos efectivos. El aspecto sustantivo se refiere al resultado de la demanda, es decir, la reparación.
La obligación de investigar por instancias independientes, imparciales y objetivas, es una de las más importantes medidas de reparación. La investigación abarca no sólo a los autores materiales e intelectuales, sino también a los cómplices, a los que actuaron por omisión, a los encubridores y a todos aquellos que hubieren tenido participación en los hechos que generaron la violación de los derechos. El deber de sanción abarca medidas de carácter administrativo y penal. Además, no se limita solamente a la sanción de funcionarios públicos, sino de cualquier particular que entorpezca, desvíe o dilate indebidamente las investigaciones tendientes a aclarar la verdad de los hechos.
Así, existe daño material y daño inmaterial. El primero se refiere a la pérdida de los ingresos de las víctimas, los gastos y las consecuencias de carácter pecuniario que origina el caso, mientras que el segundo comprende los sufrimientos y las aflicciones causadas a la víctima directa y a sus allegados, así como las alteraciones de carácter no pecuniario en las condiciones de existencia de la víctima o su familia.
En el daño inmaterial se valoran los perjuicios de carácter psicológico o físico, en los cuales se suele ordenar medidas de rehabilitación, atención psicológica, psiquiátrica o física, aunque también indemnizaciones. Particularmente tratándose de daños de carácter físico, la investigación, proceso y sanción de los responsables puede ser una forma de reparación, por ejemplo, en casos de tortura.
Otro tipo de perjuicio es el daño moral, el cual incluye perjuicios a la honra, así como dolor y sufrimiento a causa de las violaciones de derechos humanos cometidas. En este caso, la investigación, proceso y eventual sanción de los responsables tiene un papel importante para reparación del daño. Otro tipo de afectación es el daño al proyecto de vida, el cual puede ser entendido como un menoscabo de oportunidades de desarrollo personal.
Para garantizar el debido proceso el Estado debe facilitar todos los medios necesarios para proteger a las víctimas de hostigamientos y amenazas que busquen entorpecer el proceso. Por lo tanto, el Estado debe remover los obstáculos que mantienen la impunidad y otorgar las garantías de seguridad suficientes a los testigos, autoridades judiciales, fiscales y a los familiares de las víctimas, así como utilizar todas las medidas a su alcance para diligenciar el proceso.
En los últimos años se ha recrudecido el contexto de violencia en el país, particularmente por la incidencia del crimen organizado en actos delictivos y por el involucramiento que ha tenido el ejército mexicano en su contención, sobre todo, cuando los responsables de la prevención del delito y las áreas de procuración y administración de justicia han sido infiltradas por la delincuencia. Durante todo ese tiempo se han generado miles de víctimas que han padecido de manera directa o indirecta una vulneración a sus derechos fundamentales, ya sea por daño colateral o el desplazamiento de miles de personas.
Hechos como los de Iguala o Tlatlaya que son característicos de ejecuciones extrajudiciales, las Muertes de Juárez y el campo algodonero o los asesinados en San Fernando, por sólo citar algunos ejemplos en la larga lista de hechos criminales en los que el Estado mexicano tiene responsabilidad, no sólo por conducirse de manera parcial en los procesos de investigación, sino porque en los procesos penales quedaron en entredicho los principios de debido proceso y acceso a la justicia, por tal motivo es viable la posibilidad de reclamar al Estado mexicano la reparación del daño ante instancias nacionales e internacionales. Para hacer efectiva esa posibilidad, el operador jurídico puede utilizar los estándares o criterios de reparación establecidos por el Derecho Internacional y, en su caso, cuando se establezca la responsabilidad del Estado mexicano por la violación de derechos humanos, los organismos internacionales pueden determinar en el ámbito de su competencia las reparaciones correspondientes.