REVISTA DIGITAL DE PROMOCIÓN CULTURAL                     Director: René Avilés Fabila
17 | 11 | 2019
   

De nuestra portada

Sospechosa unanimidad del Tribunal Electoral


Jorge Bravo

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tendría que hacer valer la estructura y el régimen democrático que nos hemos dado y que está consagrado en la Carta Magna como “un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”. Las resoluciones a las impugnaciones y el acatamiento a la ley electoral tendrían que preservar ese principio democrático básico. Al revocar el Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral, los magistrados se colocaron de forma indefectible de lado de las televisoras y algunos grupos radiofónicos, pervirtiendo la democracia.

El Reglamento que aprobó el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) el 27 de junio incluía dos medidas que molestaron a los concesionarios de la radio y la televisión aglutinados en la CIRT: el reconocimiento de las emisoras comunitarias (tema sobre el cual ya nos pronunciamos en este mismo espacio) y la reducción en los plazos para la entrega y transmisión de materiales electorales (spots) a las estaciones de radio y canales de televisión. El ordenamiento revocado por el Tribunal Electoral preveía un plazo de dos días hábiles cuando los spots fueran entregados en el domicilio de cada medio y de tres días si el envío se hacía vía electrónica. Antes de esta modificación el plazo era de cinco días hábiles.

La Sala Superior del TEPJF votó siete a cero, es decir, por unanimidad. Este argumento ha sido defendido por no pocos articulistas (algunos de ellos trabajadores de los medios, lo cual es lícito), en el sentido de que siete magistrados no pueden estar equivocados. Se trata de una falacia. La unanimidad es en sí misma sospechosa. No es un consenso sino un aplastamiento de la discrepancia.

Sirva un ejemplo histórico para demoler la fuerza de la unanimidad que tanto ponderan: el 1 de diciembre de 2005 un total de 327 diputados votaron en sólo siete minutos a favor de lo que después se conocería como Ley Televisa. Es decir, por unanimidad 327 legisladores se sometieron a ese consorcio televisivo. Después vinieron los arrepentimientos, las acciones de inconstitucionalidad contra esa contrarreforma e incluso una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que desmontó algunos de los artículos más perniciosos de esa ley que beneficiaba a la misma empresa que ahora dirige sus baterías contra una disposición administrativa de la autoridad electoral.

En esa ocasión los diputados, como ahora los jueces, la unanimidad iba en contra del interés público y la democracia, por lo que no es algo que debamos aplaudir sino cuestionar. Curiosamente, lo que no cambió en ambos casos fueron los poderes fácticos que apuntalan y promueven algunas de las decisiones que decididamente han obstaculizado la democratización del sistema de medios en México.

Si 327 cabezas que pensaban distinto, porque pertenecían a partidos políticos diferentes, se equivocaron y sufragaron por unanimidad una reforma legislativa regresiva, no debe sorprendernos que siete magistrados también yerren el sentido de su voto. Quizá los jueces del TEPJF consideren que su decisión no obedeció a un sometimiento a las televisoras (a pesar de que no es la primera vez que lo hacen); sin embargo, eso no quiere decir que no sirvieron a los intereses de la CIRT y que atendieron en exclusiva su reclamo, cuando días antes cada uno de los magistrados recibió un amicuscuriae (opinión legal realizada por terceros ajenos a un litigio para colaborar en la resolución de un proceso). Si no se sometieron los magistrados, de todas maneras actuaron en el sentido equivocado, por lógica elemental:

Después de la reforma electoral de 2007 y su implementación en los comicios federales de 2009, algunos consejeros del IFE fueron sensibles al reclamo ciudadano por la negativa espotización de la política, porque el formato breve, esquemático y monótono de la comunicación política a través de spots de 20 o 30 segundos quedó plasmado en la Constitución y expresado en la elección de 2009, lo cual en nada contribuyó al debate y la discusión de los temas y problemas nacionales.

En cualquier elección competida y democrática, la difusión de mensajes en los medios electrónicos debiera ser ágil, expedita e inmediata, porque esa es la naturaleza de esos vehículos de comunicación; de lo contrario retrocederíamos a las señales de humo, adonde quisieran regresarnos los magistrados del Tribunal Electoral.

Imaginemos que por la radio o la televisión un partido transmite un spot y realiza un señalamiento en contra de algún candidato y éste sólo puede responder cinco días después, porque así lo mandata el Reglamento que quisieron modificar los consejeros del IFE, que impugnó la CIRT y revocó el TEPJF. Es tan absurdo como pensar que en Twitter un político tendría prohibido por ley responder de inmediato a un mensaje que lo alude directamente. Ése es el mismo sentido de la sentencia del Tribunal Electoral y que defienden los industriales de la radio y la televisión contra cualquier racionalidad.

Nos enfrentamos ante dos afectaciones: el derecho constitucional de los partidos al uso permanente de los medios de comunicación social y el derecho a la información de las personas, que no podrían enterarse por la misma vía de la respuesta de un candidato.

Los magistrados no pueden estar a favor de la conculcación de esos derechos, tampoco pueden estar en contra de que la comunicación política y las campañas electorales a través de los medios electrónicos sean más dinámicas. Quienes sí se oponen son los concesionarios, porque antes de la reforma electoral de 2007 los partidos pagaban miles de millones de pesos por pautar en cualquier momento los spots que producían. Antes de esa modificación las estaciones de radio y canales de televisión no pretextaban impedimentos técnicos y los spots sí podían transmitirse. Antes de 2007 para los medios electrónicos la democracia era un negocio y ahora ya no lo es.

Recordemos que el espectro radioeléctrico no les pertenece a los concesionarios ni permisionarios, y que el IFE sí es el responsable de administrar los tiempos a los cuales tienen derecho los partidos y las autoridades electorales. Esa gestión y regulación es una obligación que le compete al órgano electoral y debe procurar procedimientos modernos y no arcaicos, como pretende la CIRT. Mecanismos ineficientes, como la entrega física de los materiales en cada domicilio de los medios electrónicos en todo el país, en lugar de transmisiones digitales, repercute en elevados costos que impactan directamente sobre los recursos públicos que aporta la ciudadanía.

Aparte del sinsentido del TEPJF, llama la atención el silencio de los partidos. Ellos son los principales beneficiarios del nuevo Reglamento de Radio y Televisión. Ellos y sus candidatos son quienes deberán informar a la población de sus propuestas y programas de gobierno a través de los medios electrónicos. Ellos iniciarán o responderán ataques o alusiones de sus contrincantes…

Es tan descabellada la omisión de los partidos de respaldar al IFE como ignorar que en México todavía 95 por ciento de la población se entera de las noticias a través de la televisión y 87 por ciento lo hace a través de la radio; en cambio, sólo 16 por ciento lee un periódico y apenas 35 por ciento tiene acceso a Internet, por lo que confiar en el impacto de las redes sociales como Twitter, Facebook o YouTube suena ingenuo.

Es pertinente que el IFE consulte a todos los interesados (como si no supiéramos lo que va a opinar la CIRT) y emita un nuevo Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral. Como se dijo en la asamblea informativa de la Amedi: ¿vamos a permitir una victoria política de las televisoras o del IFE?

beltmondi@yahoo.com.mx
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