REVISTA DIGITAL DE PROMOCIÓN CULTURAL                     Director: René Avilés Fabila
23 | 07 | 2019
   

Apantallados

Moviola en su laberinto


Alonso Ruiz Belmont

La llamada guerra contra las drogas en los Estados Unidos, iniciada en 1973 bajo la administración del presidente Richard Nixon, supuso el comienzo de un despliegue inédito de recursos financieros, técnicos y humanos, orientados a detener el ingreso y consumo masivo de sustancias ilícitas en aquel país. La institucionalización de la política prohibicionista vino acompañada por nuevos arreglos de coordinación y redes de cooperación entre las agencias de seguridad internas estadunidenses, así como por incrementos extraordinarios en el presupuesto federal destinado a tales propósitos.

Sin embargo, a cuarenta años de haber iniciado, esta política de Estado muestra claros signos de haber fallado. A pesar de la guerra contra las drogas, hoy día el flujo de sustancias ilícitas que entran a territorio estadunidense y su consumo se han incrementado exponencialmente. De igual modo, el costo de las drogas en las calles ha disminuido significativamente haciendo éstas más accesibles al público.
Este tema es abordado en la cinta documental The House I Live In* (2012) de Eugene Jarecki. De acuerdo con el realizador, en cuatro décadas la guerra contra las drogas ha costado al gobierno norteamericano un billón de dólares (un millón de millones) y ha generado más de 45 millones de arrestos, convirtiendo a los Estados Unidos en el país con el mayor número de presos en el mundo. Entre 1970 y 2009 la población carcelaria de los Estados Unidos creció 705 por ciento, 1 de cada 100 adultos en ese país está hoy en prisión y 1 de cada 8 empleados del gobierno trabaja en alguna correccional.
La película muestra cómo detrás de la política prohibicionista subyacen intereses corruptos que se benefician mutuamente, al tiempo que el gobierno de aquel país ha optado por tratar a las drogas como un asunto de seguridad y no como un problema de salud pública. El enfoque represivo ha afectado severamente a los sectores más pobres de ese país, especialmente a las comunidades afroamericanas. Este grupo es 13 por ciento de la población total de aquel país y un 14 por ciento del total de todos los usuarios de drogas. A pesar de lo anterior, el sistema de justicia muestra disparidades enormes ya que el 56% del total de los presos que se hayan encarcelados por delitos relacionados con el consumo o tráfico de sustancias ilícitas son afroamericanos.
El filme describe cómo las redes de corrupción en la guerra contra las drogas dentro de los Estados Unidos contribuyen a crear empleos para las agencias de policía, el sistema judicial y los contratistas privados que se dedican a construir prisiones. La política de seguridad está concentrada en arrestar usuarios ocasionales, adictos o delincuentes menores pero no está enfocada en detener y procesar a los líderes de las organizaciones criminales. Al mismo tiempo, las leyes de tolerancia cero han contribuido a llenar las prisiones de hombres y mujeres que no representan una amenaza real para la sociedad ya que han sido procesados por posesión o comercio en pequeñas cantidades. La legislación de aquel país castiga con prisión de por vida sin derecho a libertad condicional a todas aquellas personas que hayan acumulado tres arrestos por comerciar con sustancias ilícitas, sin importar si haya sido en pequeñas cantidades o si se trate de drogas blandas o duras.
Asimismo, los departamentos de policía de todo el país tienen derecho a quedarse con 80 por ciento de todos los bienes y el dinero que sean decomisados en redadas a sospechosos. De este modo, la política de seguridad está viciada por una red de corrupción en la que las agencias de seguridad únicamente buscan concentrarse en lograr la mayor cantidad de arrestos posibles para conseguir mayores beneficios económicos, sin importar si estas detenciones de delincuentes menores tienen realmente algún efecto significativo para que el sistema judicial obtenga elementos suficientes de prueba para el desmantelamiento de las grandes redes de tráfico y distribución.
A su vez, los políticos que deciden postularse para algún cargo público prefieren apegarse a la doctrina policiaca a pesar de sus graves fallos, ya que los medios de comunicación se muestran implacables con todo aquel funcionario que dé la impresión de ser blando con el crimen organizado. Si bien varios estudios demuestran que la transferencia masiva de recursos a programas de prevención, rehabilitación y reinserción social podrían ofrecer mejores resultados en el combate a las adicciones, la clase política de aquel país ha preferido rentabilizar las políticas represivas como una eficiente maquinaria de relaciones públicas que les garantiza sufragios ante los votantes en cada elección.
El filme consigue retratar todas las voces involucradas en el problema de las drogas y en pantalla pueden verse los testimonios de policías, jueces, reclusos, exconvictos, abogados, adictos y sus familiares. A lo largo de la cinta es posible distinguir entre varios policías y jueces una sensación de frustración ante los resultados de la política imperante y del enfoque prohibicionista. Varios empleados de las agencias de seguridad estadunidenses declaran en pantalla que la mayor parte de los reclusos presos en las correccionales no deberían estar bajo las rejas y que el sistema no consigue atrapar a los delincuentes más importantes. De alguna u otra manera varios de los entrevistados coinciden en que la política represiva no está funcionando.
La principal fuente de inspiración para que Eugene Jarecki decidiera rodar su documental vino de Nannie Jeter, una mujer afroamericana que cuidó de él cuando era niño. De pequeño, Eugene solía jugar junto con los hijos de Jeter y cuando los Jarecki se mudaron a otro vecindario ella siguió trabajando para la familia. Pese a haber crecido después de las reformas de integración racial logradas por el movimiento por los derechos civiles, el entorno en el que Eugene pudo desarrollarse distó mucho de ser el mismo que debieron enfrentar la mayoría de las familias de color en los Estados Unidos. A principios de los años setenta una gigantesca brecha social comenzó a separar inexorablemente a blancos de afroamericanos, mientras los primeros pudieron seguir aspirando a una vida con oportunidades, educación y ascenso social, la mayor parte de las comunidades negras quedó atrapada en una realidad marcada por la pobreza y la marginación.
James Jeter, hijo de Nannie comenzó a usar drogas a los catorce años y murió años después víctima de su adicción. La nuera de Nannie también se convirtió en adicta y al igual que con millones de afroamericanos, para los Jeter la pobreza y la falta de oportunidades han desintegrado el entorno familiar. Muchas de estas comunidades han perdido miembros a causa de adicciones a las drogas duras o tienen familiares en prisión purgando condenas por posesión o tráfico de sustancias ilícitas en pequeñas cantidades. Ante una realidad en la que los jóvenes de color viven grandes dificultades para poder encontrar un trabajo, la venta de drogas se convierte muchas veces en una opción para evitar la pobreza derivada del desempleo, al tiempo que el precio de mercado de las sustancias ilícitas rebasa con mucho el monto de los salarios bajos. Actualmente, el racismo imperante se traduce en la existencia de un sistema judicial que penaliza con mayor rudeza a los afroamericanos por encima de cualquier otro grupo racial por delitos relacionados con drogas, una realidad que rebasa con mucho la participación que tienen en realidad las comunidades negras en las tasas nacionales de consumo y comercio de estupefacientes.
Un punto importante a considerar en el debate sobre las drogas son los estudios de la abogada estadunidense Michelle Alexander. Ella plantea que la guerra contra las drogas entre las comunidades negras fue relanzada por la administración del presidente Ronald Reagan a principios de los años ochenta. De acuerdo con Alexander, la iniciativa de Reagan fue en realidad parte de una estrategia del partido republicano para atraer votantes blancos pobres y de clase trabajadora que en aquel entonces se sentían frustrados con las políticas de integración racial y acción afirmativa. La expansión de las redes de distribución de crack (un derivado barato de la cocaína) en las principales ciudades de los Estados Unidos fueron aprovechadas por el gobierno republicano para criminalizar a todas las comunidades negras como consumidores potenciales de esa droga; un hecho que para Alexander es bastante discutible. De manera paralela, el Congreso de aquel país comenzó a autorizar incrementos significativos en el financiamiento a las corporaciones policiacas para continuar las políticas represivas entre dichos grupos. Pese a lo anterior, los índices delictivos no explican los altos índices de encarcelamiento de afroamericanos durante los últimos 30 años.
De acuerdo con Alexander, una primera consecuencia de esta política selectiva es que al salir de prisión los exconvictos quedan socialmente relegados y privados de sus más importantes derechos: la ley les prohíbe votar, ser elegidos como miembros de un jurado y acceder a programas de vivienda y educación pública. Al mismo tiempo, para cualquiera de estas personas es casi imposible ser contratada en el mercado de trabajo. Si tomamos en cuenta que la mayor parte de los delincuentes que son enviados a prisión por delitos menores relacionados con drogas son de raza negra, lo que vemos entonces es un numeroso grupo de estadunidenses que técnicamente quedan discriminados al perder derechos fundamentales y no tiene oportunidad de reinsertarse de nuevo en la vida social al salir de prisión.
Hoy día, un niño afroamericano tiene menos posibilidades de ser criado por ambos padres que antes de la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos. La desintegración de las familias afroamericanas se debe en gran medida al encarcelamiento masivo de padres negros. Asimismo, al no existir un sistema de justicia verdaderamente imparcial ni políticas de reinserción social los patrones de marginación se han agravado. Casi un cuarto de los afroamericanos viven hoy debajo de la línea de pobreza, un porcentaje muy similar al que existía en 1968. Asimismo, los niveles de desempleo en las comunidades afroamericanas son similares a las de los países del Tercer Mundo.
Independientemente de los datos mostrados en el documental, desde hace unos diecisiete años se cuenta con indicios de que la criminalización de las comunidades negras en las principales ciudades de los Estados Unidos durante la presidencia de Ronald Reagan bien pudo haber sido una verdadera política de Estado. En agosto de 1996, Gary Webb, periodista del San Jose Mercury News comenzó a publicar una serie de artículos en los cuales documentaba los vínculos que existieron entre el ingreso de cocaína procedente de Colombia a los Estados Unidos, la expansión de las redes de tráfico de crack en las principales ciudades de la unión americana y el financiamiento armado de la contra nicaragüense en la década de los ochenta. Webb, dos veces ganador del permio Pullitzer de periodismo, documentó que Óscar Danilo Blandón, un importador de cocaína e informante del gobierno estadunidense, había declarado que el coronel Enrique Bermúdez, el principal enlace de la CIA que coordinó las actividades de la contra en Nicaragua sabía que los fondos del grupo armado provenían del tráfico de droga. De acuerdo con Webb, miembros de agencias policiacas en territorio estadunidense se quejaban de que la CIA había suspendido investigaciones sobre Blandón y Meneses aludiendo razones de seguridad nacional.
Con los ingresos obtenidos en los Estados Unidos por la venta de la cocaína, Meneses y Bermúdez compraban embarques de armamento que enviaban a Nicaragua para abastecer a los contras. El ingreso de aquellas inmensas cantidades de cocaína barata a territorio estadunidense inundó de crack las más importantes ciudades de ese país, particularmente Los Ángeles. Rápidamente, los barrios negros se vieron infestadas de una droga barata y extremadamente adictiva.
Los reportajes de Webb despertaron un gran interés entre las comunidad afroamericana lo que llevó incluso a protestas callejeras y a la demanda de congresistas negros por iniciar una investigación federal. Sin embargo, pocas semanas después de haber publicado la serie, Webb comenzó a ser objeto de una furiosa reacción por parte de diarios como el New York Times, The Washington Post y Los Angeles Times. Estos periódicos supuestamente cuestionaban la veracidad de la información publicada en el San José Mercury News. En realidad, Webb había desatado la ira de los grandes consorcios mediáticos estadunidenses al atreverse a cuestionar el verdadero sentido de la política exterior norteamericana en América Central durante la presidencia de Reagan. Cabe recordar que el apoyo militar y financiero a los contras siempre contó con el apoyo editorial de la prensa nacional estadunidense como una causa legítima para los intereses geopolíticos de los estrategas republicanos en Washington.
Eventualmente, la presión ejercida desde los principales centros de poder afectó al San José Mercury News y los editores de Webb le retiraron su apoyo. Gary Webb dejó de trabajar para dicho periódico y se retiró parcialmente del periodismo. En 1999, Gary Webb y Maxine Waters publicaron Dark Alliance: The CIA, The Contras and The Crack Cocaine Explosion (Seven Stories Press) un recuento detallado de la información que había acumulado para los reportajes que comenzó a publicar en 1996.
Paradójicamente, en octubre de 1998 el trabajo de Webb recibió la confirmación de una fuente inusual. Friederick Hitz, Inspector General de la CIA informó en una audiencia que dicha agencia había tenido conocimiento de los estrechos vínculos que existían desde un principio entre los contras y las redes de tráfico de drogas. Hitz señaló que un agente de la agencia informó de manera infructuosa sobre dichas actividades y que éstas recibieron protección por parte de los gobiernos de Reagan y George H. Bush.
El 10 de diciembre de 2004 Gary Webb fue hallado muerto en su casa de Sacramento, California con dos balazos en la cabeza. Su muerte fue catalogada oficialmente como un suicidio, pero los amigos y familiares de Webb creen que fue asesinado. Se sabe que en los meses previos a su muerte, éste trabajaba en la publicación de un nuevo libro sobre los vínculos entre las redes de tráfico de droga y las actividades de la CIA.
La criminalización de las minorías raciales en los Estados Unidos y las redes de corrupción que envuelven a la guerra contra las drogas nos muestran cómo una política prohibicionista de mano dura contra el tráfico de sustancias ilícitas, puede dañar severamente el tejido social y lograr objetivos totalmente opuestos para los cuales fue creada, tal y como sucede actualmente en México.

* The House I Live In; Holanda, Reino Unido, Alemania, Japón, Australia, EEUU; 2012. Dirección: Eugene Jarecki. Producción: Al Jazeera Documentary Channel, British Broadcasting Corporation (BBC), Charlotte Street Films. Guión: Eugene Jarecki, Christopher St. John.